El director para las Américas de Human Rights Watch (HRW), José Miguel Vivanco, dijo este viernes que el Estado colombiano debe "hacer esfuerzos adicionales" en la defensa "no solo individual sino también colectiva" de los líderes sociales del país, tras el asesinato de más de un centenar de ellos en 2019.

"Los líderes sociales hacen un trabajo anónimo de promoción de la paz, de los derechos humanos, del acceso a la tierra (...) esos son valores que hay que fomentar en Colombia, el Estado debe hacer esfuerzos adicionales no solo en lo que es la defensa individual, sino también colectiva de estos", expresó Vivanco en Bogotá.

El director regional de HRW entregó hoy en la Comisión de Paz del Senado datos sobre el asesinato de líderes sociales en Colombia, donde desde que empezó el año más de una veintena han sido asesinados, según organizaciones no gubernamentales.

La Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos denunció hace dos semanas en Ginebra que al menos 107 defensores de derechos humanos fueron asesinados en Colombia durante 2019 y, de acuerdo con sus datos, en los primeros 13 días de 2020 murieron otros 10.

El "flagelo" del asesinato de líderes 

Ante el repunte de los asesinatos y amenazas contra líderes sociales, Vivanco planteó como medida estructural que el Gobierno destine más "inversión" en materia "de educación, salud, empleo".

Insistió además en buscar mecanismos para detener este "flagelo" porque "estos líderes hacen parte de Colombia y están tratando de restablecer valores que son esencialmente democráticos".

"No debería haber discusión ni duda respecto lo que representa proteger la vida y la integridad de aquellos líderes que viven en veredas o caseríos, porque no se trata solo de grandes líderes, son personas que muchas veces hacen un trabajo anónimo", agregó.

El directivo de HRW dijo que por razones vinculadas con "los conflictos de tierra o los esfuerzos que hacen para salir de la economía ilegal", los líderes sociales en el país sufren "amenazas, persecución e incluso asesinato por parte de mafias locales".

"Lo que sucede en Colombia es grave, en Arauca (este), de siete municipios, cinco están intervenidos por grupos ilegales" alertó Vivanco, quien precisamente esta semana presentó un informe de HRW sobre la acción "impune" de los grupos criminales en esa región fronteriza con Venezuela.

Escándalo por interceptaciones ilegales

Sobre las supuestas escuchas ilegales que la inteligencia militar colombiana ejerció sobre opositores, periodistas e incluso generales del mismo Ejército, escándalo que reveló este mes la revista Semana, Vivanco reiteró que "no solo violan el derecho a la privacidad sino fundamentos básicos del Estado de derecho".

"No es posible que funcionarios públicos utilicen instrumentos que han sido diseñados para la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado y obtengan información violando la privacidad de políticos, periodistas de magistrados y de la sociedad civil para fines inconfesables", sostuvo.

Señaló que "aún se ignoran cuáles han sido los propósitos de esas escuchas", lamentó que "en Colombia se den estos escándalos" y pidió "atajarlos para que no sigan ocurriendo con la impunidad a la que lamentablemente la opinión en Colombia ya casi está acostumbrada".

El director para las Américas de HRW avanzó el miércoles que la organización hará "todas las gestiones necesarias" en Washington para establecer si en las escuchas ilegales del Ejército se usaron equipos donados por Estados Unidos.

Vivanco también propuso a los senadores de la Comisión de la Paz que se firme un rechazo conjunto sobre "la afectación a la libertad de prensa".

Entre los asistentes a la Comisión de Paz se encontraban los senadores Carlos Lozada, del partido FARC; Ivan Cepeda, del Polo Democrático; Jhon Milton, de Colombia Justa Libres; y Paloma Valencia, del Centro Democrático.

EFE